El Gobierno chino está decidido a frenar en seco la especulación inmobiliaria. Para ello, ha aumentado del 50% al 60% del valor de la propiedad la suma inicial que deberán pagar los compradores de una segunda vivienda. Además, en ciertas ciudades, quienes no sean residentes no podrán adquirir una segunda vivienda.
Las familias que deseen comprar una vivienda urbana deberán haber residido en la misma ciudad mucho tiempo antes, presentando para ser cualificados los certificados fiscales o de seguridad social adecuados. El control de las políticas fiscales que afecten a las compraventa de viviendas será reforzado, según el comunicado. En abril de 2010, el Ejecutivo dictó medidas para frenar la burbuja inmobiliaria que amenazaba con explotar en China, y ahora tomará otras nuevas para limitar los precios en ciertas ciudades.
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